A menos de tres meses para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el partido Demócrata y el partido Republicano libran en los tribunales una lucha paralela a la que sus candidatos mantienen en una de las campañas más igualadas de los últimos años. El gobierno de Barack Obama ha denunciado a varios Estados que, desde 2010, han aprobado diferentes normativas electorales que pueden alejar de las urnas a millones de votantes pertenecientes a minorías y de tendencia tradicionalmente demócrata.

Las normativas, conocidas como "leyes de supresión del voto", pretenden cambiar las reglas para votar y exigen a los electores que aporten más documentos de identificación. Si entran en vigor, pueden afectar a más de cinco millones de votantes en las próximas elecciones, según un informe del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York, y alterar el resultado en las elecciones del 6 de noviembre, ya que los 16 Estados que han aprobado este tipo de cambios aportan el 63% de los 270 votos electorales necesarios para llegar a la Casa Blanca.

En EE UU, las leyes electorales son competencia de los Estados, por lo que cada uno puede imponer condiciones distintas para votar. En general, los ciudadanos deben registrarse con uno de los dos partidos o como votantes independientes antes de participar en unas elecciones. Basta con proporcionar su nombre y apellidos, su dirección, y ratificar que son mayores de edad.

“La firma del ciudadano atestigua que dicen la verdad —bajo pena de cárcel— y la mayoría no está dispuesto a correr ese riesgo, por eso apenas hay casos de fraude demostrados”, dice Nancy Abudu, abogada de la organización ACLU, responsable de varias denuncias contra las normativas que quieren endurecer los requisitos para votar. En Pensilvania, una de las legislaciones más estrictas exige el certificado de nacimiento, la tarjeta de identificación de la seguridad social y dos documentos que demuestren que la persona vive en la dirección que presentó al registrarse. Otra ley similar de Tejas acaba de ser bloqueada por un juez federal por sus consecuencias discriminatorias.

“Las minorías suelen carecer de esa documentación o de los recursos para adquirirla”, advierte Kathleen Unger, presidenta y fundadora de Vote Riders, una organización que ayuda a los ciudadanos a cumplir los requisitos. Unger incluye entre los afectados a ciudadanos de la tercera edad, personas sin recursos o con discapacidades y, de manera más amplia, las mujeres. “Son las que más tienden a cambiar su nombre al casarse o divorciarse. También afectará a las personas adoptadas o que nacieron en su casa en vez de en el hospital porque suelen carecer de su certificado de nacimiento. Obtenerlo suele llevar más de dos meses y requiere la intermediación de un abogado”.

El fiscal general, Eric Holder, así como diversos líderes de organizaciones en defensa de los derechos civiles han reiterado que estas leyes recuerdan a las que a comienzos de los 60 quisieron impedir la participación de los afroamericanos. El gobierno ha apelado a la Ley de Derechos Civiles de 1965 para impedir la entrada en vigor de algunas de las normativas y alega que discriminan contra las minorías e impiden que se garantice el derecho a voto de todos los ciudadanos. Los gobiernos republicanos que las han aprobado, por el contrario, defienden que están luchando contra el fraude electoral.

“Las leyes tienen un impacto racial considerable. Nuestros datos muestran que los más perjudicados serían hispanos y afroamericanos”, afirma Abudu. “Aunque los que las han aprobado niegan que ese sea uno de los efectos, la realidad es que perjudican a las minorías, no a aquellos que suelen votar a candidatos republicanos”. La abogada se acaba de enfrentar en un tribunal a los defensores de la ley de Carolina del Sur y afirma que estos carecen de pruebas suficientes para demostrar que haya fraude. “Tenemos que ver estas iniciativas en conjunto. Es más que una coincidencia”.

Las normativas llegan en un momento en que las minorías son la nueva mayoría en varios Estados a raíz del profundo cambio demográfico de las últimas décadas. Uno de cada seis norteamericanos es de origen hispano y, cada mes, 50.000 latinos alcanzan la mayoría de edad y su derecho a votar. Los datos del Censo, analizados por la organización Latino Decisions, muestran que los hispanos suponen un 5% de la población adulta en la mitad de los Estados y en 11 de ellos, además, superan el 10%, convirtiéndose en un sector del electorado capaz de cambiar el resultado en varios Estados decisivos, como Nevada, Florida, Colorado o Nuevo México. En Tejas, los más de dos millones de hispanos que aún no se han registrado para votar superan con creces el margen de 950.000 votos por los que John McCain venció a Barack Obama en este Estado hace cuatro años, según un estudio del Center for American Progress.

“Los Estados con mayor población de minorías raciales han cambiado sus reglas creando normas que no existían hace cuatro años”, dice Tobin Van Ostern, organizador político de Campus Progress, que representa a estudiantes afectados por las normativas y advierte de la posibilidad de que muchos de los que votaron por primera vez en 2008, no puedan participar cuatro años después.

“Estas leyes están diseñadas para funcionar a largo plazo. Todo lo que consigan en noviembre, como alejar a miles de estudiantes de las urnas, lo perderán de cara al futuro”, dice Van Ostern. “Tardarán décadas en recuperar sus votos”.

De momento, millones de ciudadanos siguen pendientes del avance de las diferentes normativas, que pueden ser tan dañinas si entran en vigor como la confusión que han generado hasta ahora en torno a los posibles requisitos. “La realidad”, lamenta Van Ostern, “es que muchos de los ciudadanos no lo sabrán hasta el día que vayan a votar”.