Uno de los grupos, Justice for Bell, está formado por tres candidatos (Néstor Valencia, Mario Rivas y Miguel Sánchez). Según reportes de campaña, este grupo está en su mayoría financiado por 60,000 dólares donados por un adinerado empresario retirado, residente de Woodland Hills, de nombre Gwilym McGrew.

El otro grupo, United for Bell, formado por los candidatos Alih Saleh, Violeta Álvarez, Fidencio Gallardo, Donald Tavares y Danny Harber, están respaldados por grupos sindicales y beneficiados por una campaña independiente de la Asociación de Policía de Bell (Bell POA), que según su asesor, Leo Briones, tiene un presupuesto de unos 50,000 dólares para gastar.

"Estamos haciendo campaña por medio de panfletos y seguramente también haremos movilización de votantes", dijo Briones.

Bell POA es una asociación que representa a miembros del Departamento de Policía de Bell y la misma organización también gastó una considerable suma de dinero en organizar y poner en la boleta el proceso de destitución de los concejales acusados de corrupción en la ciudad de Bell.

No obstante, la Policía de Bell también está bajo investigación por parte de las autoridades por presunta corrupción y fraude del voto, y su presencia en esta campaña está destinada en buena medida a defender la continua existencia de ese departamento.

Algunos candidatos del grupo Justice for Bell han indicado que considerarán propuestas para eliminar o reducir radicalmente el tamaño del departamento de policía.

"Están peleando por sus trabajos", dijo Hilda Delgado, portavoz de Justice for Bell. "Aquí no hay otros líderes latinos que estén ayudando o preparando el liderazgo o dando fondos para llevar a cabo una campaña".

Las elecciones para destituir a los actuales concejales y elegir un nuevo Concejo son el próximo martes 8 de marzo y son no partidarias.

Pero miembros de la campaña Justice for Bell acusaron ayer a la POA de hacer campaña ilegal, por usar fotos de policías de Bell en uniforme y vehículos de la ciudad en panfletos enviados a las casas de los votantes.

Delgado dijo que el uso de propiedad municipal viola las leyes del estado y el manual de la Policía.

"Usar carros, placas y uniformes que pertenecen a la ciudad es ilegal", dijo Delgado. Justice for Bell anunció ayer la presentación de una queja ante la fiscalía del condado alegando, entre otras cosas, que en la comunidad se han visto agentes de policía haciendo campaña en uniforme, tratando de intimidar a trabajadores de su campaña y exigiendo a negocios que quiten carteles políticos de los opositores.

Briones, consultor político de la POA, dijo que "uno de los panfletos donde aparecen las placas salió por error" y agregó que el gasto de campaña de la Asociación de Policía es legal. "Además, los policías pueden hacer campaña cuando no están en funciones".

Por su parte, el que financia las campañas de Justice for Bell, Willym McGrew, indicó en una entrevista que se interesó en la situación de Bell luego que los medios expusieron los altos salarios y la corrupción en esa ciudad.

"Me molesté mucho por el abuso contra los residentes y comencé a ir a las reuniones, también ofrecí mi dinero para hacer el proceso de destitución. Asimismo, contraté un abogado para sacar documentos públicos y entregarlos a las autoridades", dijo McGrew. "Yo no tengo un motivo personal sino filantrópico. No es la primera vez que intervengo en una campaña de personas que están en desventaja".

El asambleísta Ricardo Lara, quien representa a Bell a nivel estatal, y la líder sindical María Elena Durazo, lanzaron respectivos comunicados de prensa indicando que McGrew es miembro del ultraconservador Tea Party.

El asambleísta Lara indicó: "Me sorprende que cualquier candidato de la comunidad acepte fondos de gente que los usa contra los intereses de las familias trabajadoras que buscan representar". McGrew negó pertenecer al Tea Party o tener intereses económicos o de cualquier clase en Bell.

"Yo no soy del Tea Party. Y si es relevante el hecho que yo sea republicano, aunque no tengo interés personal ni económico alguno en la ciudad de Bell, entonces es bueno que se sepa que estoy apoyando y he apoyado a demócratas y que, además, todos los funcionarios y ex funcionarios acusados de corrupción en Bell son miembros del partido demócrata", dijo McGrew, quien añadió que también ofreció fondos a otros dos candidatos, uno de ellos Danny Harber, quien forma parte del grupo United for Bell.

Hay un total de 17 candidatos en la boleta del próximo martes en la que también se decide la destitución de tres de los actuales concejales, George Mirabal, Óscar Hernández y Teresa Jacobo. Un cuarto, Luis Artiga, renunció a su cargo. El quinto, Lorenzo Vélez, busca la reelección, pero no está recibiendo casi apoyo monetario.

Aparte de los candidatos afiliados con estos grupos, el resto de los competidores tienen, según reportes de campaña, pocos fondos para hacer campaña, enviar literatura o poner letreros por la ciudad.